Fraude Electrónico Federal: Un Equipo de Defensa del Sur de Florida Conectado para Ganar

El fraude electrónico es un delito federal de gran gravedad, con penas significativas, que incluyen una pena de prisión considerable y multas. De todos los delitos federales de “cuello blanco”, el fraude electrónico es el que se imputa con mayor frecuencia y, a menudo, el más complejo. Si le han imputado cargos de fraude electrónico, o si cree que está bajo investigación por fraude electrónico, necesita un abogado de defensa con experiencia para proteger sus derechos y luchar en su nombre.

En Rossen Law Firm, nuestros abogados de defensa de fraude electrónico federal, experimentados y dedicados, están preparados para utilizar su comprensión a fondo de la ley de fraude electrónico federal y su vasta experiencia en los tribunales para brindarle la mejor defensa en el Sur de Florida, en todo el Estado de Florida y en el país.

Cada caso de fraude electrónico federal es único, y abordamos cada uno con una estrategia individualizada. Ante todo, escucharemos su versión de los hechos, en lugar de basarnos en el relato del gobierno, y comprenderemos los detalles específicos de su caso. Revisaremos toda la evidencia, examinaremos con detenimiento el caso de la fiscalía federal en busca de cualquier debilidad y procuraremos descubrir cualquier violación de sus derechos que haya podido ocurrir durante la investigación o el arresto.

Las posibles defensas incluyen la falta de intención de defraudar, la buena fe o, incluso, argumentar que el gobierno no ha satisfecho su elevada carga de la prueba. Nuestros abogados están preparados para utilizar su experiencia y su conocimiento para defender sus mejores intereses dentro y fuera del tribunal.

Guía de Fraude Electrónico Federal

• Comprender el Fraude Electrónico Federal
• Penas por Fraude Electrónico
• Directrices de Sentencia Federal para el Fraude Electrónico
• ¿Cómo Prueba el Gobierno el Fraude Electrónico?
• Defensa de Acusaciones de Fraude Electrónico
• Elija a Rossen Law Firm para Defender su Caso de Fraude Electrónico

Comprender el Fraude Electrónico Federal

Conforme a la ley federal de los Estados Unidos, el fraude electrónico es un delito financiero que consiste en utilizar las telecomunicaciones o la tecnología de la información para llevar a cabo una actividad fraudulenta. El estatuto de fraude electrónico se encuentra en el Título 18, Sección 1343 del U.S. Code.

Los elementos esenciales del fraude electrónico, tal como los define la ley federal de los Estados Unidos, son los siguientes:

1. El acusado, de manera voluntaria e intencional, ideó o participó en un esquema para defraudar a otra persona y quitarle su dinero;
2. El acusado lo hizo con la intención de defraudar;
3. Era razonablemente previsible que se utilizarían comunicaciones por cable interestatales; y
4. Se utilizaron comunicaciones por cable interestatales.

El gobierno federal interpreta de manera amplia su jurisdicción en los casos de fraude electrónico. Puede procesar cualquier caso que involucre comunicaciones interestatales o internacionales, o en el que el presunto fraude afecte el comercio interestatal o exterior. El gobierno utiliza con regularidad el estatuto de fraude electrónico para traer muchas formas distintas de presunta conducta delictiva al ámbito del procesamiento federal por fraude electrónico. Algunos ejemplos comunes son las estafas de inversión por Internet, los esquemas de atención médica, el telemarketing fraudulento, los esquemas fraudulentos de licencias profesionales y muchos otros esquemas de marketing o de captación que involucran Internet, la televisión o la radio.

Además, el gobierno federal utiliza los cargos de fraude electrónico como una herramienta para que las autoridades federales amplíen su poder, lo que les permite presentar cargos por delitos que, de ordinario, corresponderían únicamente a la jurisdicción estatal, si pueden vincular esos delitos con casos de fraude electrónico. El gobierno puede procesar cualquier caso de fraude que involucre comunicaciones interestatales o internacionales, o en el que el presunto fraude afecte el comercio interestatal o exterior.

Penas por Fraude Electrónico

Las consecuencias de una condena por fraude electrónico federal son severas. Si se le declara culpable, usted puede enfrentar:

• Hasta 20 años de prisión federal
• Multas de hasta $250,000 para los individuos y de hasta $500,000 para las organizaciones
• Restitución a las víctimas
• Libertad condicional
• Decomiso de bienes

En ciertos casos, como aquellos que involucran a una institución financiera, comúnmente conocidos como fraude bancario, o en relación con un desastre o una emergencia, las penas pueden ser aún mayores, e incluyen:

• Hasta treinta (30) años de prisión federal
• Hasta $1,000,000 en multas

Además de las penas máximas previstas en el estatuto de fraude electrónico, también es vital que usted contrate a un abogado que comprenda las complejidades de las Directrices de Sentencia Federal y la forma en que se aplican al fraude electrónico.

Directrices de Sentencia Federal para el Fraude Electrónico

Las Directrices de Sentencia de los Estados Unidos, elaboradas por la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, ofrecen un conjunto integral de reglas para que los jueces federales las utilicen al determinar la sentencia de las personas condenadas por delitos federales, incluido el fraude electrónico. Su finalidad es promover la uniformidad de las sentencias en todos los tribunales federales.

Las directrices funcionan mediante un sistema de puntos conocido como “niveles”. Cada delito tiene un nivel base del delito, y ciertos factores relativos al delito o al acusado pueden hacer que este nivel aumente o disminuya. La Comisión de Sentencias de los Estados Unidos determina las directrices de sentencia federal para el fraude electrónico. Las directrices de sentencia para el fraude electrónico están redactadas en la Sección 2B1.1 del U.S. Sentencing Guidelines Manual, que aborda la conducta delictiva relacionada en general con el fraude y el hurto.

Las directrices fundamentan las sentencias por delitos de fraude electrónico en un sistema de niveles del delito, que toma en cuenta el valor monetario del fraude, el número de víctimas, si el delito involucró medios sofisticados y si el acusado utilizó una posición de confianza para facilitar u ocultar el delito, entre otros aspectos. Por ejemplo, el fraude electrónico tiene, por lo general, un nivel base del delito de 7. Sin embargo, este nivel puede ajustarse en función de diversos factores, tales como:

• Cantidad de la Pérdida: Cuanto mayor sea la pérdida económica involucrada en el delito, más alto será el nivel del delito y mayor será la exposición a un aumento del tiempo de prisión. Las directrices incluyen una tabla que asigna aumentos de nivel específicos para distintas cantidades de pérdida.
• Número de Víctimas: Si el esquema para defraudar afectó a muchas víctimas, el nivel del delito puede aumentar.
• Rol en el Delito: Un acusado que haya desempeñado un papel de liderazgo o de organización en el delito puede recibir un nivel del delito más alto, mientras que un participante de menor importancia puede recibir una disminución.
• Sofisticación del Esquema: Si el esquema de fraude es particularmente complejo o sofisticado, el nivel del delito puede aumentar.

El nivel del delito ajustado, combinado con el historial delictivo del acusado, se utiliza para determinar el rango de las directrices aplicable a la sentencia. Este rango indica el número mínimo y el número máximo de meses de prisión que un juez debe considerar al imponer una sentencia. Sin embargo, es importante señalar que las directrices de sentencia son orientativas, no obligatorias. Por lo tanto, aunque los jueces deben considerar las directrices, pueden imponer una sentencia fuera de ellas si estiman que las circunstancias específicas del caso lo justifican.

Debe señalarse que se trata de directrices, y que la sentencia exacta puede variar de manera significativa según varios factores, incluidos los detalles específicos del caso, si el acusado ha aceptado la responsabilidad, el historial delictivo previo del acusado y otros factores que el tribunal toma en cuenta. Los jueces tienen la facultad discrecional de imponer una sentencia por encima o por debajo del rango de las directrices si concluyen que “existe una circunstancia agravante o atenuante de un tipo, o en un grado, no tomada adecuadamente en consideración por la Comisión de Sentencias al formular las directrices.”

Los abogados de defensa federal, conocedores y experimentados, de Rossen Law Firm formulan de manera habitual argumentos exitosos para minimizar los aumentos de nivel, o para solicitar una desviación a la baja o una variación respecto del rango de las directrices en materia de fraude postal, lo que puede afectar de manera significativa la sentencia final que nuestro cliente pueda recibir. Los abogados de Rossen Law Firm tienen la pericia jurídica y la experiencia en la defensa por fraude electrónico para ayudarle a orientarse respecto de las penas potenciales por fraude electrónico y de cómo esas penas potenciales pueden aplicarse a su caso específico.

¿Cómo Prueba el Gobierno el Fraude Electrónico?

Los fiscales federales deben probar cada uno de los elementos del delito de fraude electrónico más allá de cualquier y toda duda razonable para obtener una condena. Los abogados de defensa federal con experiencia de Rossen Law Firm cuestionan de manera habitual la capacidad del gobierno para probar todos los elementos del fraude electrónico. Esos elementos son los siguientes:

1. Esquema para Defraudar: Se refiere a un plan o a un curso de acción destinado a engañar a alguien para obtener dinero, propiedad o servicios. Para probarlo, el gobierno por lo general presenta evidencia que demuestre la existencia de tal plan, la cual puede incluir correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas grabadas, testimonio de testigos, etc.

Es importante señalar que lo que el gobierno debe probar es el esquema para defraudar, y no el fraude consumado. El estado mental de la presunta víctima es irrelevante, por ejemplo, si es muy confiada o ingenua. Tampoco es necesario que el esquema tenga éxito – no se requiere una pérdida real para una víctima a fin de probar este elemento del fraude electrónico. Para sostener una condena, el gobierno debe probar la existencia de un esquema, pero no tiene que probar todos los detalles ni todos los casos de conducta presuntamente delictiva.

Además, el gobierno debe probar que el acusado participó en el esquema a sabiendas y de manera voluntaria, pero no que él o ella haya realizado personalmente cada acto clave, lo cual es habitual en un procesamiento por Conspiración para cometer fraude electrónico.

1. Intención de Defraudar: El acusado debe haber actuado con la intención de defraudar, es decir, de engañar o estafar. No basta con que los actos del acusado hayan tenido como resultado defraudar a alguien; el acusado debe haber tenido la intención de que eso ocurriera. Probar la intención puede ser difícil, porque implica demostrar lo que una persona pensaba cuando actuó.

Sin embargo, el gobierno puede argumentar que la intención puede inferirse de las circunstancias, como los actos de una persona, sus declaraciones y los efectos de su conducta. La intención exigida por el estatuto federal de fraude electrónico puede inferirse de la totalidad de las circunstancias y no es necesario probarla mediante prueba directa. Por ejemplo, el “testimonio de impresión”, o el testimonio de las presuntas víctimas sobre la forma en que los acusados las habían engañado, es admisible para demostrar una intención de defraudar.

El gobierno también puede argumentar que la intención fraudulenta queda demostrada si una representación se formula con indiferencia temeraria respecto de su veracidad o falsedad.

1. Uso de Comunicaciones por Cable Interestatales: El esquema fraudulento debe involucrar el uso de comunicaciones por cable, radio o televisión en el comercio interestatal o exterior. Esto puede incluir no solo llamadas telefónicas y faxes, sino también correos electrónicos, comunicaciones por Internet e incluso transacciones en cajeros automáticos, siempre que crucen fronteras estatales o límites nacionales. La evidencia de este elemento puede provenir de registros telefónicos, registros de servidores de correo electrónico u otros registros tecnológicos. Además, no es necesario demostrar que el acusado participó directamente en la transmisión, cuando se establece que el acusado causó la transmisión y que dicho uso fue el resultado previsible de sus actos.

Nota: En términos sencillos, la legalidad de la “comunicación por cable” en sí carece de importancia en un caso de fraude electrónico. Además, el acusado no necesita ser quien envía la comunicación por cable. Su alcance es amplio e inclusivo. El único requisito es que la comunicación por cable esté relacionada con el delito.

1. El uso de las comunicaciones por cable fue para ejecutar el esquema: El gobierno debe probar que el acusado utilizó, o hizo que se utilizaran, las comunicaciones por cable para llevar a cabo el esquema fraudulento. La comunicación por cable tiene que formar parte del esquema para defraudar, y no ser incidental a este. La evidencia del gobierno debe demostrar, más allá de una duda razonable, que los métodos de comunicación electrónica serían cruciales o necesarios para que el esquema se llevara a cabo.

Si el fiscal federal no puede acreditar cada uno de los cuatro elementos más allá de una duda razonable, no puede tener éxito. Los elementos del fraude electrónico conforme a la Sección 1343 son directamente paralelos a los del estatuto de fraude postal, pero exigen el uso de una llamada telefónica interestatal o de una comunicación electrónica realizada para impulsar el esquema.

Por ejemplo, una persona en Florida que envía un correo electrónico con información engañosa a alguien en Nueva York, con el fin de engañarla para que entregue dinero, podría ser investigada y, potencialmente, acusada de fraude electrónico. Participó de manera intencional en un plan de fraude (el correo electrónico engañoso), tuvo un motivo para estafar (obtener dinero), aprovechó una comunicación electrónica interestatal (el correo enviado de FL a NY) y utilizó esta comunicación para consumar el fraude (persuadir al destinatario de que se desprendiera de su dinero).

No obstante, es crucial recordar que se trata de una acusación grave, que exige una prueba sólida y meticulosa para confirmarla más allá de una duda razonable. Si los actos del acusado pudieran tener una interpretación creíble y lícita, o si existe incertidumbre sobre su intención de defraudar o sobre la relevancia de la comunicación electrónica para el plan fraudulento, entonces podría no ser apropiado condenarlo por fraude electrónico. Los abogados con experiencia en fraude electrónico de Rossen Law Firm están preparados para defender, de manera enérgica y creativa, frente a la capacidad del gobierno de probar todos los elementos de un cargo de fraude electrónico contra nuestros clientes.

Defensa de Acusaciones de Fraude Electrónico

Los casos de fraude electrónico federal pueden ser complejos, y las defensas que utilizan los abogados a menudo dependen de los detalles específicos de cada caso. Aunque siempre corresponde al gobierno la carga de probar los cargos, y únicamente al gobierno, los abogados de defensa federal de gran habilidad de Rossen Law Firm pueden optar por presentar evidencia y ciertas defensas en su caso. Algunas defensas comunes incluyen:

• Falta de Intención de Defraudar: Uno de los elementos fundamentales que la fiscalía debe probar en un caso de fraude electrónico es que el acusado tuvo la intención de defraudar a alguien. El acusado participó a sabiendas y de manera deliberada en un esquema o artificio para defraudar, con la intención de engañar o estafar, por lo general para obtener dinero o propiedad de la víctima. Si el gobierno no puede probar que el acusado tenía la intención de defraudar exigida, los cargos no pueden sostenerse.

Si un acusado puede demostrar que no tuvo la intención de defraudar a nadie, esto puede resultar muy eficaz para defenderse de un cargo de fraude electrónico. Con frecuencia, esta defensa está estrechamente relacionada con la defensa de buena fe, en la que el acusado argumenta que creía genuinamente en la veracidad de sus declaraciones o en la legalidad de sus actos y que, por lo tanto, no tuvo la intención de defraudar.

Sin embargo, demostrar la falta de intención puede ser difícil, porque exige mostrar lo que había en la mente de una persona en un momento determinado del pasado. La evidencia que podría respaldar una defensa de falta de intención puede incluir registros de comunicaciones, testimonio de testigos y otra evidencia que demuestre que el acusado no sabía que estaba haciendo representaciones falsas, o que no sabía que sus actos probablemente causarían un daño. Además, es importante recordar que estar equivocado, o incluso ser negligente, respecto de la verdad no es lo mismo que tener la intención de defraudar. Una persona puede estar equivocada o ser descuidada acerca de hechos específicos sin que necesariamente tenga la intención de engañar a nadie.

Como ocurre con todas las defensas jurídicas, los detalles pueden ser complejos y dependen en gran medida de las particularidades del caso individual. Siempre es aconsejable consultar a un abogado calificado cuando se enfrenta cargos severos como el fraude electrónico.

• Buena Fe: En el fraude electrónico federal, la defensa de “buena fe” es un argumento jurídico mediante el cual el acusado afirma que no tuvo la intención de defraudar a nadie. La intención de defraudar es uno de los elementos clave que deben probarse en un caso de fraude electrónico. Esto significa que el acusado tuvo la intención de engañar o estafar, por lo general para obtener un beneficio económico personal. Si un acusado puede probar que actuó de buena fe—es decir, que creía genuinamente en la veracidad de sus declaraciones o promesas y no tenía intención de defraudar—puede evitar una condena por fraude electrónico.

La defensa de buena fe dice: “Puede que me haya equivocado, puede que haya sido negligente, pero no me propuse deliberadamente engañar a nadie.” Esta puede ser una defensa poderosa, porque contrarresta de manera directa uno de los elementos exigidos del fraude electrónico: la intención. Sin embargo, demostrar la buena fe puede ser difícil. A menudo no basta con decir que usted actuó de buena fe; debe aportar evidencia que respalde esta afirmación. La evidencia puede incluir documentación, registros de comunicaciones, testimonio de testigos o cualquier otra información que demuestre que usted no tuvo la intención de engañar o estafar a nadie.

Es importante señalar que esta defensa no aplica si el acusado evitó conscientemente la verdad. La ignorancia debida a la evitación intencional de la verdad no constituye buena fe. Las defensas jurídicas como la defensa de buena fe pueden ser complejas, por lo que es esencial trabajar con un abogado con experiencia si usted enfrenta cargos de fraude electrónico.

• Error o Malentendido: En algunos casos, la defensa puede argumentar que el acusado malinterpretó los hechos o estaba equivocado acerca de la legitimidad de los actos en cuestión. En el contexto de un cargo de fraude electrónico federal, la defensa de “error” o de “malentendido” es una estrategia jurídica en la que el acusado argumenta que no participó de manera intencional en un esquema para defraudar, sino que actuaba conforme a una comprensión equivocada de los hechos o de las circunstancias.

Para que se le declare culpable de fraude electrónico, el gobierno debe probar, más allá de una duda razonable, que el acusado tuvo la intención de defraudar a alguien. Que participó de manera intencional en un esquema engañoso para causar un daño, por lo general en beneficio propio. La defensa de “error” busca contrarrestar este elemento de intención. Supongamos que un acusado puede demostrar que actuaba bajo una suposición falsa o que malinterpretó la situación. En ese caso, puede argumentar que carecía de la intención necesaria para una condena por fraude electrónico.

Por ejemplo, un acusado podría argumentar que hizo declaraciones que en ese momento creía exactas, pero que después resultaron ser falsas. O podría haber malinterpretado la legalidad de la transacción, o un hecho crucial que, sin que lo supiera, lo llevó a hacer una declaración falsa. Sin embargo, esta defensa puede ser difícil de establecer. Por lo general, exige demostrar que el acusado estaba equivocado o que malinterpretó la situación, y que su error era razonable en las circunstancias. Además, es importante señalar que esta defensa no aplicaría si el acusado hubiera incurrido en ignorancia deliberada, es decir, si evitó de manera intencional enterarse de la verdad. Esto aún podría considerarse intención de defraudar.

• Falta de Tergiversación “Material”: Una “tergiversación material”, conforme al estatuto de fraude electrónico, se refiere a una declaración falsa, una representación o una omisión de información que sea sustancial, que esté destinada a engañar o defraudar a alguien y que se transmita mediante una comunicación por cable (como llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes electrónicos). La tergiversación se considera “material” cuando tiene la posibilidad de influir de manera significativa en las decisiones o en los actos de quien la recibe. En el contexto del fraude electrónico, una tergiversación material es un elemento crucial que debe estar presente para que un acto se clasifique como fraude electrónico. Un abogado defensor hábil puede argumentar que la tergiversación no era “material”.
• “Puffery”: La “puffery” es un término que se utiliza en la publicidad y en las ventas para referirse a exageraciones o afirmaciones desmedidas que no están destinadas a tomarse en serio ni a considerarse hechos. En otras palabras, es una especie de discurso de ventas que contiene representaciones subjetivas, y no objetivas. Entre los ejemplos pueden figurar frases como “los mejores del mundo” o “un servicio insuperable”. Se trata de afirmaciones subjetivas que no pueden probarse ni refutarse de manera definitiva. En el contexto del fraude electrónico federal, un acusado podría argumentar que sus declaraciones eran puffery, y no tergiversaciones fraudulentas. Podría argumentar que sus declaraciones eran tan exageradas o tan vagas que ninguna persona razonable se basaría en ellas para decidir. Para que esta defensa tenga éxito, un abogado defensor hábil tendría que demostrar que las supuestas declaraciones fraudulentas encajan en la categoría de puffery y no en la de tergiversaciones fácticas.
• Evidencia Insuficiente: La fiscalía debe probar su caso más allá de una duda razonable. Esta es una carga de la prueba elevada. La defensa puede argumentar que la evidencia presentada es insuficiente para alcanzar ese umbral.
• Violación de Derechos Constitucionales: Si las autoridades violaron los derechos del acusado durante la investigación o el arresto, la evidencia obtenida con ocasión de esas violaciones puede ser suprimida. Por ejemplo, si hubo un registro o una incautación ilegal, los frutos de ese registro o de esa incautación pueden excluirse del caso.
• Impugnar el Elemento Interestatal o Internacional: La jurisdicción federal depende de que la comunicación o los efectos del fraude crucen líneas estatales o internacionales. Si esto puede impugnarse con éxito, puede hacer fracasar el cargo federal.
• Impugnar el Elemento de “Propiedad”: El estatuto federal de fraude electrónico tipifica como delito categorías de conducta definidas de manera estricta. El estatuto de fraude electrónico tiene un alcance limitado a la protección de los derechos de propiedad. Los derechos de propiedad tradicionales incluyen bienes como el dinero o la tierra. Aun así, el Congreso y la Corte Suprema han ampliado las definiciones sobre qué tipo de “derechos de propiedad” quedan comprendidos en el estatuto de fraude electrónico. Sin embargo, según los hechos de su caso, un abogado de fraude electrónico hábil y con experiencia de Rossen Law Firm puede impugnar la capacidad del gobierno de probar que el propósito del presunto esquema era obtener “propiedad” conforme al estatuto de fraude electrónico.
• Entrapment: Si la defensa puede demostrar que agentes del gobierno indujeron al acusado a cometer el delito y que el acusado no estaba predispuesto a cometer tal delito, puede ser una defensa válida. Sin embargo, esto a menudo es difícil de probar y exige circunstancias particulares.
• Prescripción: Los casos de fraude electrónico federal deben procesarse dentro de los cinco años siguientes al delito. Si la defensa puede demostrar que el procesamiento queda fuera de este plazo, puede constituir una defensa completa.

Elija a Rossen Law Firm para Defender su Caso de Fraude Electrónico

El fraude electrónico es un delito federal severo, a pesar de que se le denomine delito financiero o de “cuello blanco”. Ante las consecuencias potenciales devastadoras de cometer fraude electrónico para nuestros clientes y sus seres queridos, encontrar un abogado de fraude electrónico con el calibre necesario para brindar una defensa excepcional es crucial.

El éxito de su defensa a menudo depende de los detalles específicos del caso y de la habilidad del abogado defensor. Supongamos que usted enfrenta cargos federales de fraude electrónico. En ese caso, es crucial consultar a un abogado de defensa penal federal en materia de fraude electrónico, con conocimiento y experiencia, para comprender la mejor estrategia de defensa según sus circunstancias particulares.

Los abogados de Rossen Law Firm tienen la pericia y la experiencia para atender casos de fraude electrónico de manera eficaz en el Sur de Florida y en todo el país. Al ofrecer tácticas de defensa únicas, novedosas y agresivas, nuestros abogados no temen llevar su caso ante el tribunal. Los abogados comprenden la naturaleza compleja y llena de matices del fraude electrónico, sus cargos, sus penas y sus estrategias de defensa, lo que permite a nuestros clientes transitar el sistema judicial con la máxima confianza.

Elegir al abogado defensor adecuado es fundamental cuando se enfrenta un cargo tan serio como el fraude electrónico federal. Nuestro equipo ofrece:

• Experiencia: Nuestros abogados tienen amplia experiencia en la defensa de clientes frente a cargos de fraude electrónico federal y comprenden las complejas leyes y procedimientos federales que intervienen en estos casos.
• Representación Agresiva, Creativa e Innovadora: Defendemos con firmeza los derechos de nuestro cliente. Mediante técnicas y herramientas de vanguardia, impugnaremos cada elemento de prueba en su contra.
• Servicio Personalizado: Brindamos a nuestros clientes un servicio personalizado y atento. Usted es más que un simple número de caso para nosotros; comprendemos el estrés y la incertidumbre que acompañan a un cargo de fraude electrónico federal, y estamos aquí para apoyarle en cada paso del camino.
• Resultados Comprobados: Nuestro historial habla por sí solo. Hemos defendido a numerosos clientes acusados de fraude electrónico federal, y les hemos ayudado a evitar una condena o a obtener cargos menores.

Si enfrenta un cargo de fraude electrónico federal, no deje su futuro en manos del azar. Contacte a Rossen Law Firm hoy para programar una sesión de estrategia gratuita y conocer cómo podemos ayudarle.