Después de que el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) se implementó por primera vez en 2020 durante las primeras etapas de la pandemia de coronavirus, miles de propietarios de pequeñas empresas en todo Estados Unidos pudieron manejar su nómina y otros gastos comerciales al recibir préstamos del PPP con tasas de interés muy bajas. Sin embargo, a medida que la pandemia ha disminuido, el gobierno federal ha comenzado a revisar las solicitudes de préstamos del PPP con un detalle exhaustivo, lo que ha llevado a que algunos beneficiarios de préstamos enfrenten cargos federales graves por fraude.
Si se le han imputado cargos de fraude bancario por PPP en el Sur de Florida, debe entender exactamente con qué tipo de cargo está lidiando y qué opciones tiene para combatir las acusaciones en su contra. La orientación de un abogado experto en fraude del PPP puede ser fundamental para manejar este tipo de situación de manera proactiva y eficaz.
Fraude Bancario versus Fraude Electrónico
Una de las mejores maneras de entender los cargos federales de fraude bancario es compararlos con los cargos federales de fraude electrónico. Muchos presuntos casos de fraude del PPP se procesan como fraude electrónico. Tanto el fraude bancario como el fraude electrónico implican la ejecución consciente de un esquema con la intención de defraudar a otra persona, u obtener de ella dinero, bienes, valores, o cualquier otro instrumento financiero. Esto se hace mediante declaraciones falsas o falsos pretextos.
La diferencia clave entre estos cargos radica en cómo se ejecuta el presunto esquema y a quién se dirige. El fraude electrónico implica el uso de comunicaciones por medios electrónicos, como una llamada telefónica o, más comúnmente, internet, para llevar a cabo actividades fraudulentas a través de las fronteras estatales. Por el contrario, el fraude bancario no necesariamente tiene que involucrar actividades fraudulentas a través de las fronteras estatales, pero debe dirigirse específicamente a una institución financiera.
Otra distinción importante entre estos dos cargos es que puede ser mucho más difícil para los fiscales probar la “materialidad” en casos de fraude bancario que en casos de fraude electrónico. Para demostrar la materialidad, un fiscal debe probar que un acto fraudulento involucró una cantidad significativa de dinero como para justificar una acción legal. Dicho de otra manera, cinco dólares tomados de un banco difieren enormemente de cinco dólares tomados de un individuo, dado cuánto podría representar esa cantidad del total de bienes e intereses de la parte defraudada. Un abogado experto de Fort Lauderdale puede aclarar qué constituye un caso de fraude bancario por PPP.
Posibles Penas por Fraude Bancario
Bajo 18 U.S.C. §1344, alguien condenado bajo la ley federal por defraudar a una institución financiera podría enfrentar una pena máxima de 30 años de prisión, incluso si no tiene antecedentes de condenas penales a nivel federal o estatal. Además, alguien condenado bajo este estatuto por fraude bancario relacionado con un préstamo del PPP en el Sur de Florida podría tener que pagar una multa máxima de $1,000,000.
Como ocurre con la mayoría de los cargos penales federales, estas penas son mucho más severas que las que típicamente se permiten para el fraude procesado bajo la ley estatal de Florida. Lo mejor es trabajar con un abogado de defensa de primer nivel para darse la mejor oportunidad de evitar estas penas.
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Los fiscales federales tienden a ser muy agresivos con los cargos penales por fraude bancario, y se sabe que han presentado cargos tanto de fraude electrónico como de fraude bancario por un solo presunto caso de fraude de préstamos del PPP. Sin embargo, usted todavía puede luchar contra estas acusaciones con la ayuda de los mejores abogados de defensa criminal federal.
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